El derrotero histórico antes descrito sirve de cimiento para entender la naturalización de las dictaduras militares en Latino América. El pacto colaborativo entre clase dominante y milicia ya era parte del orden institucional establecido, como se advierte en este párrafo de “La Modernización del Subdesarrollo: El Salvador, 1858-1931” de Bradford Burns: “Estos grupos lograron un acuerdo apropiado para excluir a los sectores rurales y a las clases trabajadoras urbanas. Dividieron de esa manera las tareas de gobierno después del 5 de diciembre en 1931. En lo sucesivo, los militares ejercerían el poder político, entre tanto los propietarios en alianza con banqueros simpatizantes, comerciantes exportadores y sectores de clase media urbana controlarían la economía, respetándose entre ellos. El general Martínez tuvo éxito para restablecer el orden oligárquico, sin embargo, no pudo devolver a la nación el estado de prosperidad anterior a 1931. El Salvador estaba entrando en una nueva fase de su historia.
Por otra parte, las diferencias sociales y la pauperización del trabajador decantaron en la lucha de clases, la adopción de ideologías marxistas y posteriormente la lucha armada (revolución cubana, movimientos guerrilleros en Perú, Bolivia y Venezuela) del trabajador convertido en obrero, contra una oligarquía convertida en Burguesía
